VICENTÍN: INTERVENCIÓN Y DESPUÉS

Este lunes el presidente anunció la intervención de Vicentín, empresa santafecina, y una de las mayores cerealeras con capitales nacionales que participa del mercado exportador de nuestro país. La empresa, que además se dedica al negocio de carnes, lácteos, vinos, y mieles, se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde el año pasado, siendo sus principales los bancos públicos.1

El decreto 522/20, refrendado por todo el gabinete de ministrxs, dispone la intervención transitoria de la sociedad Vicentín SAIC por un plazo de 60 días, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”. Según el anuncio del presidente, el próximo paso será presentar un proyecto de ley ante el Congreso para declarar la utilidad pública de la empresa y disponer su expropiación.

Vicentín es una de las diez principales empresas en el concentrado mercado agroexportador argentino, dedicándose a la venta de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales; y es además empresa controlante de otras productoras de alimento del mercado interno

Los paladines de la propiedad privada dicen que esto es totalmente inconstitucional. Sin embargo, nuestra Constitución Nacional establece que una propiedad privada se puede expropiar por causa de utilidad pública, calificada de tal manera por la ley, y siendo previamente indemnizada. En el mismo sentido, regula las expropiaciones la ley 21.499, indicando que la utilidad pública comprende los casos en que se procura la satisfacción del bien común.2 

Si hasta el adorno de que la Avenida de Mayo conecte al Congreso con la Casa Rosada se hizo a partir de expropiaciones, ¿por qué una empresa que se dedica a producir alimentos no sería de utilidad pública en un país que hace añares tiene enormes problemas de hambre y desnutrición?

Vicentín es una de las diez principales empresas en el concentrado mercado agroexportador argentino, dedicándose a la venta de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales; y es además empresa controlante de otras productoras de alimento del mercado interno. Esto implica que miles de puestos de trabajo dependan directa o indirectamente de esta empresa, y también, parte de la alimentación de miles de familias. 

Alberto Fernandez durante la conferencia que anunciaba la intervención de Vicentín

Según el presidente, la decisión de intervenir y proponer la expropiación de esta empresa se debe a la importancia estratégica que tiene por dedicarse a la producción de alimentos. Remarca el marco excepcional de este proyecto de expropiación, basado en la situación económica en que se encuentra –un paso anterior a la quiebra- y en que no sería bueno para la política económica y alimentaria del país que en un futuro ésta sea adquirida por multinacionales.3“Estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, dijo en la conferencia de prensa del lunes, haciendo alusión al rol preponderante que tendrán los alimentos en los movimientos económicos mundiales que se vienen. 

Las organizaciones de campesinos y pequeños productores -y el resto de las organizaciones populares- celebraron esta noticia. Los medios concentrados se sorprendieron ante el “invento” de Alberto en relación al término soberanía alimentaria, al tiempo que alarmaron sobre la vuelta de lo más temible del kirchnerismo y el camino rumbo a Venezuela. Pero ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Es un “invento de Alberto”, tal como dicen?

La soberanía alimentaria hace referencia al derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, y abarca el reconocimiento de que los campesinos/as tienen un rol esencial en la alimentación y que tienen que poder decidir qué alimentos producir, en forma respetuosa de su cultura alimentaria.

El término soberanía alimentaria fue impulsado en 1996 por la Vía Campesina, una organización mundial que nuclea 182 organizaciones de campesinos de 81 países. Hace referencia al derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, y abarca el reconocimiento lxs campesinxs, su rol esencial en la alimentación y su poder de decisión sobre qué alimentos producir en forma respetuosa de su cultura alimentaria.4

El concepto fue llevado al debate en la Cumbre Mundial de la Alimentación como alternativa a la propuesta de “seguridad alimentaria” que se planteaba –y se sigue planteando en la actualidad- desde la FAO, relacionada a las políticas neoliberales. Según la FAO, todas las personas tienen que tener acceso al alimento, pero sin preguntarse por las condiciones y relaciones de producción del mismo. En nombre de la seguridad alimentaria, se fomentó la concentración de la producción de alimentos transgénicos en manos de grandes corporaciones transnacionales, quedando en pocas compañías mucho poder de decisión sobre la política alimentaria mundial. Vicentín puede ser ejemplo de estas políticas: aunque sea una empresa de capitales nacionales, controla gran parte de la producción alimentaria de la Argentina.

Aunque la FAO nunca quiso reemplazar el término “seguridad” por el de “soberanía alimentaria” -produce resquemores, como les sucede a los organismos con cualquier palabra que piensan mínimamente “politizada”-, muchas veces utiliza ambas en un mismo tema. El concepto de soberanía alimentaria, entonces, no les parece antagónico sino… distinto.

Fue en la Declaración de Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, en 2018, que en Naciones Unidas se planteó el derecho a la soberanía alimentaria en consonancia con el derecho a la alimentación. Su texto indica que “los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Éste engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura”.

Hace ya varios años que otros organismos internacionales vienen trabajando también en esta dirección, analizando la problemática del hambre, de la falta de acceso a la tierra, y de la vulneración de derechos de las personas que viven y producen en las áreas rurales. De hecho, desde el año pasado y por nueve años más asistimos al “Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar”, para destacar el papel importante que lxs campesinxs desempeñan en la erradicación del hambre y la construcción del futuro alimentario. La agricultura familiar es vista por los organismos internacionales de derechos humanos como necesaria para lograr el objetivo de Hambre Cero y otros más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La garantía de que se realice el derecho a la alimentación aparece para los organismos internacionales cada vez más ligado, entonces, a la agricultura familiar y no a las grandes empresas que se dedican a la exportación de cereales o materias primas. Para quienes sabemos que las empresas agroindustriales poco se preocupan por alimentar al pueblo y mucho se preocupan por el precio de exportación de sus commodities, eso aparece más claro aún.

La decisión del gobierno como decisión estratégica para garantizar la soberanía alimentaria sorprende y abre nuevas preguntas: ¿y por qué no pensar la soberanía alimentaria desde Vicentín?

La decisión del gobierno como decisión estratégica para garantizar la soberanía alimentaria sorprende y abre nuevas preguntas: ¿y por qué no pensar la soberanía alimentaria desde Vicentín? No hace falta ahondar en la proliferación del hambre resultado de las políticas neoliberales del anterior gobierno. En la campaña de Fernández pisó fuerte el Plan Argentina contra el Hambre; luego una pandemia agravaría las condiciones de vida y de alimentación de miles de personas que viven en Argentina. 

Para poder tomar decisiones políticas reales, para poder realizar los derechos del pueblo, parece un buen desafío, entonces, plantear la recuperación de una gran empresa -que actualmente está camino a la quiebra- como potencialidad para defender y desarrollar la soberanía alimentaria del pueblo argentino.

1 Vicentín, además, es sospechada de un escándalo de corrupción en relación a los millonarios préstamos que le hizo el Banco Nación, pero podemos prescindir de este detalle en esta nota. 

2  Siempre es importante recordar: esa ley está firmada por Videla, en Argentina tenemos leyes vigentes escritas en tiempos de dictaduras.

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