Cuando tenga la tierra

La pandemia provocada por el COVID-19 ha desatado una recesión a nivel global, según las evaluaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las pérdidas en horas de trabajo llegarán a 14% en todo el mundo en el segundo trimestre de este año[1].

La crisis generalizada llevó a que las economías del mundo se encuentren trabajando en paquetes de apoyo con intenciones de contribuir al mejoramiento económico de los hogares y facilitar la recuperación de empresas. Considero crucial que estos esfuerzos tengan en cuenta las funciones, contribuciones y restricciones específicas de las mujeres y otras identidades de género, y que se aproveche al máximo estas oportunidades para situarles en el centro de la escena, dado que son les más perjudicades en este escenario.

Uno de los sectores más afectados por la pandemia es el de servicios que representa el 66% de la economía[2].En Argentina, particularmente en el sector servicios, las mujeres ocupan los espacios de trabajo con menos competitividad, menos calificados y con menos ingresos, más bien como sostenedoras de los sectores económicos de más ingresos y con más competitividad.

Otro sector, quizás menos perjudicado por el COVID-19, es el agropecuario, pero quiero hacer referencia al mismo ya que la participación de las mujeres se ve invisibilizada y ni hablar de las identidades de género disidentes, a la vez que no existe información de estadísticas oficiales de la participación en el mismo. 

En el caso de nuestro país, el campo es un engranaje fundamental de la economía, principal exportador, gran generador de empleo a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias.

De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Adelas Nores y Matilde Fierro[3], Argentina cultiva más de 20 millones de hectáreas, pero de los 330.000 establecimientos productivos que existen en el país, sólo 27.000 son dirigidos por mujeres, es decir, menos del 10%. En general, el rol de la mujer en la toma de decisiones en el sector agropecuario de nuestro país es muy bajo.

De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Adelas Nores y Matilde Fierro[3], Argentina cultiva más de 20 millones de hectáreas, pero de los 330.000 establecimientos productivos que existen en el país, sólo 27.000 son dirigidos por mujeres, es decir, menos del 10%. En general, el rol de la mujer en la toma de decisiones en el sector agropecuario de nuestro país es muy bajo.

Las leyes y prácticas discriminatorias hacia la mujer, especial­mente aquéllas que limitan o impiden que posean tie­rras, son un obstáculo fundamental para su desarrollo económico. Del mismo modo, las barreras del sistema coartan a las mujeres rurales a crear o expandir sus negocios, a pedir créditos y a manejarse de forma eficiente en los mercados. Tienen un ac­ceso limitado a la tierra como también a los recursos productivos, financieros, cadenas de valor, contactos, insumos necesarios para su trabajo, infraestructuras, educación, cobertura médica y justicia.

Además, es frecuente que las mujeres trabajen como trabajadoras familiares no  remuneradas en la producción de cultivos comerciales, y parte de los alimentos que se consumen en el hogar se obtienen de la misma explotación agropecuaria, lo que implica una tarea más para las mujeres. Estas actividades son productivas, pero entran en la esfera “privada” y pueden tener el valor agregado que aporta la transformación de la materia prima e incluso puede que parte de esa producción vaya al mercado, pero al ser llevadas adelante por las mujeres, se las consideran reproductivas o parte de la “ayuda”que ellas hacen en sus casas y por ende no son remuneradas.

Es más probable que las mujeres se conviertan en fuentes de ventaja competitiva en su función de trabajadoras asalariadas, trabajadoras a domicilio y trabajadoras familiares no remuneradas, que como conseguidoras de la ventaja competitiva, como dueñas de empresas y productoras por cuenta propia.

Esto permite observar que en ambos sectores es más probable que las mujeres se conviertan en fuentes de ventaja competitiva en su función de trabajadoras asalariadas, trabajadoras a domicilio y trabajadoras familiares no remuneradas, que como conseguidoras de la ventaja competitiva, como dueñas de empresas y productoras por cuenta propia.

En este sentido, la desigualad de género también constituye una barrera que frustra la producción y la productividad de las mujeres como trabajadoras por cuenta propia y les impide convertirse en conseguidoras de ventaja competitiva, esto a su vez impide el crecimiento de un sector particular, y de la economía en su conjunto.

En esa línea, los datos muestran una persistente brecha de género en el acceso al crédito, en la titularidad de las cuentas bancarias y de ahorro. En nuestro país, los varones acceden casi el doble que las mujeres a créditos que requieren mayores garantías y tiene plazos más largos de repago, como préstamos prendarios e hipotecarios. En el caso de créditos hipotecarios la relación de acceso es de 0,5% de mujeres vs. 1% de varones y en los préstamos prendarios la relación de acceso es de 1% de mujeres vs. 1,9% de varones[4].

En esa línea, los datos muestran una persistente brecha de género en el acceso al crédito, en la titularidad de las cuentas bancarias y de ahorro. En nuestro país, los varones acceden casi el doble que las mujeres a créditos que requieren mayores garantías y tiene plazos más largos de repago, como préstamos prendarios e hipotecarios

Considero que por sí sola la inclusión financiera no nos da como resultado la igualdad de género. Sin embargo, solo con un acceso equitativo a la gama completa de servicios financieros basados en necesidades (ahorro, crédito, pagos) y una educación financiera que lo acompañe, las mujeres y disidencias, tendrán una oportunidad de empoderamiento social y económico.

Incluso después de controlar una serie de características singulares tales como ingresos, educación, situación laboral, residencia y edad, el género sigue siendo un factor definitivo en relación con el acceso y uso de servicios financieros. Las mujeres e identidades de género disidente, en general, solicitan menos préstamos y por cantidades menores, acuden con mayor frecuencia que los hombres a circuitos informales de financiación, poseen menos títulos de propiedad y, por tanto, cuentan con menos activos para ofrecer en garantía.

Otro aspecto a revisar es la innovación del sector tradicional orientado a la subsistencia, para que las mujeres puedan ser más competitivas en su producción es necesaria la modernización, y esto es un gran problema para las mujeres que tienden a estar relativamente desfavorecidas en términos acceso a servicios públicos y acceso a recursos productivos.

En este contexto de crisis económica y emergencia sanitaria, resulta desafiante no solo en la desigualdad de géneros sino también no perder de vista la desigualdad a nivel federal en nuestro país, que permita pensar en políticas que faciliten la inclusión y el desarrollo de todas las regiones nuestro país.


[1] La COVID-19 y el mundo del trabajo. Observatorio de la OIT. Junio 2020.

[2] Vínculos entre comercio y género: Un análisis del MERCOSUR. UNCTAD 2020.

[3] Nores, Adela y Fierro, Matilde (2018). Mujeres Rurales Argentinas. Buenos Aires. Argentina.

[4] Mujeres y Brecha de Económica. Campaña BCRA 2020.

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