Bolivia: Neoliberalismo y resistencia.

El pasado 18 de octubre se produjeron las elecciones presidenciales en Bolivia. Fue un proceso que tuvo en vilo a gran parte de los sectores sociales de Sudamérica de todo el espectro político, no sólo por cuestiones geopolíticas obvias y alianzas internacionales entretejidas; sino porque estas elecciones poseen un poder simbólico adicional: su resultado es y será interpretado como un plebiscito sobre el proceso vivido por los bolivianos entre el surgimiento de Evo, su gobierno y su posterior destitución. Lo que el pueblo boliviano juzgó no eran en sí las candidaturas, sino todo el proceso político y social que Bolivia vivió desde la llegada del MAS-IPSP y de Evo Morales al gobierno. El resultado dejó anonadada a la oposición en su conjunto: grandes medios, empresariado y políticos reconocieron la derrota aplastante del candidato masista Luis Arce en primera vuelta. Este se ungió presidente con el 55,10% de los votos, dejando para el neoliberal y expresidente Carlos Mesa, y para el neofascista/regionalista Luis Fernando Camacho el 28,83% y el 14.00% respectivamente (datos oficiales al 100% de los votos escrutados por el Tribunal Supremo Electoral). Sin embargo, estos dos candidatos y los sectores a los que responden no fueron los únicos grandes perdedores. El gran descrédito fue compartido con Luis Almagro y la OEA, EE. UU. y sus espurios métodos para poner gobiernos allí donde no ganan elecciones.

     Les salió el tiro por la culata. El proceso político boliviano que empezó con Evo y (esperemos) siga con Arce tiene hoy más legitimidad que hace un año, cuando el golpe se impuso por la fuerza y se intentó legitimar a posteriori con la política. ¿Qué pasó hace un año? Un gobierno auto-proclamado ocupó la presidencia luego de un golpe cívico-militar. En ese contexto, Evo, su vice y varios miembros del partido solicitaron asilo en distintas embajadas y países a fin de salvaguardar sus vidas. Este golpe se dio en el marco de manifestaciones sociales de opositores surgidas por el hecho de haber perdido nuevamente las elecciones. La escasa diferencia que ungió ganador a Evo en primera vuelta de la elección presidencial del 2019 les sirvió como excusa. A pesar de no llegar a la mitad de los votos totales que lo convertirían automáticamente en presidente, el MAS se ahorró la segunda vuelta al superar sólo por centésimas al segundo candidato más votado y al estar, a su vez, por encima del 40% de los votos. La escasa diferencia y una pausa en el conteo de los votos a mitad del escrutinio fueron el argumento de la oposición local en su conjunto y de la oposición internacional (léase los mismo de siempre: OEA, EE. UU., el grueso de los países latinoamericanos en manos de sus propias oligarquías y, como siempre, los grandes sectores mediáticos/económicos) para enunciar un fraude electoral. En consecuencia, produjeron desestabilización política y tomaron el poder institucional metiendo por la ventana del despacho presidencial a la senadora Jeanine Añez; mientras los militares y demás uniformados garantizaban la “paz social” mediante amenazas, palos y balas contra los sectores afines al MAS que optaron por movilizarse. La represión golpista se cobró nuevamente decenas de vidas en las masacres de Sacaba y Senkata. Habiendo explicado el anterior contexto, surgen interrogantes: ¿Qué significa Evo para Bolivia? ¿Qué explica este contundente aval social de un proceso que muchos malintencionados calificaron de dictadura? Necesitamos ver la coyuntura en la cual Evo surgió para empezar a entender.

     El nuevo milenio trae para América del Sur muchos más cambios que un mero número en el calendario: un hartazgo social generalizado se expresa en diferentes latitudes.La década precedente, los noventa, se caracterizó por la ejecución de políticas neoliberales.El contexto global era claro; EE. UU. se erigió vencedor incuestionable de la Guerra Fría y todo su modelo capitalista neoliberal adquirió gran legitimidad. El socialismo soviético implosionó y sus reivindicaciones cayeron en picada, lo que también arrastró a versiones “amenizadas” del capitalismo (socialdemocracia europea y otros ejemplos pseudo-keynesianos en el tercer mundo); cuya organización de la vida pública incluyó cierto grado de control y reglas estatales que garantizaron un mínimo de equilibrio y bienestar social. En 1989, ese neoliberalismo legitimado a escala global se expresó, operativizó e institucionalizó en América mediante el llamado “Consenso de Washington”. En el mismo, varios países latinoamericanos se comprometieron a llevar a cabo reformas estructurales que permitieron aggiornar sus economías altamente endeudadas al nuevo paradigma ideológico global (si bien las dictaduras del Cono Sur inaugurarán – represión mediante – estos planes décadas antes, pero esa es otra triste y larga historia). Desregulación del mercado de capitales, reducción del gasto público y privatizaciones serán las políticas prioritarias de los Estado en esta década. Las consecuencias sociales de estas pronto pasaron factura en todo el subcontinente, resquebrajando, como nunca antes en democracia, los derechos y garantías del tejido social. En este sentido, el caso boliviano es paradigmático.

Las consecuencias sociales de estas pronto pasaron factura en todo el subcontinente, resquebrajando, como nunca antes en democracia, los derechos y garantías del tejido social. En este sentido, el caso boliviano es paradigmático.

     Llegamos a los años 2000. En Bolivia, gobernaba constitucionalmente el otro dictador setentista, Hugo Banzer Sánchez. Empecinado en continuar con el proceso de privatizaciones exigido por el Banco Mundial, desnacionalizó el sistema de agua de la ciudad de Cochabamba. La empresa municipal fue adquirida por un consorcio de compañías (la gran mayoría extranjeras, como las norteamericanas Bechtel y Edison, y la española Abengoa) y pasaría a denominarse Aguas del Tunari. La privatización supuso un aumento inmediato de precios que variaron entre el 50% y el 300%, llegando a requerir en muchas familias cochabambinas más de un tercio de sus ingresos. En muchos casos, se cobraba una factura por un servicio que no existía; no sólo por el hecho de que el sistema de tubos no llegaba (ni llega hasta el día hoy) a toda la ciudad, sino porque en el caso de llegar, él mismo era acotado por horas o directamente estaba seco. Cochabamba tiene un problema histórico de abastecimiento de agua potable, por lo que existen sistemas de dotación paralelos y artesanales distribuidos principalmente en las periferias. La gota que colmó el vaso, si se me permite la ironía, fue que la Ley 2029 de la privatización no sólo incluía el sistema de distribución y potabilización; sino que todos los recursos hídricos y sistemas autónomos utilizados en Cochabamba, incluidas las redes caseras (pozos, acequias, canales, etc.) creadas por los mismos ciudadanos, pasaban a pertenecer al “sistema hídrico de la empresa”. Se podía cobrar por ellos e incluso se solicitaba tener licencia para recoger agua de lluvia, lo cual tenía pena de multa. Sí, se privatizó el agua de lluvia. Dimensionemos por un momento la magnitud de la frase anterior. Los límites a la expropiación del capitalismo no existen de manera natural, se los pone el pueblo. Efectivamente, así sucedió.

La indignación social resultante se canalizó en la creación de la junta Coordinadora para la Defensa del Agua y de la Vida, pero con la primera manifestación terminaron detenidos y llevados a otro departamento boliviano. Ante este acto de prepotencia, gran parte de la ciudadanía optó por la movilización en toda la ciudad. La empresa de agua fue tomada, el alcalde renunció, los directivos extranjeros de la empresa se autoexiliaron y Banzer respondió con el único método que su escuela enseña: la represión. De esta manera, la ciudad de Cochabamba vivió entre los meses de enero y abril del 2020 una “guerra por el agua”. Las fuerzas represivas intentaban desmovilizar mediante balas, lo que produjo un centenar de heridos y la muerte de un joven de 17 años llamado Víctor Hugo Daza, que aún permanece en la memoria colectiva. La situación se tornó insostenible para el gobierno represivo y tuvo que ceder a las presiones de las organizaciones sociales. De esta forma, el gobierno nacional derogó la polémica ley y revirtió el proceso. El pueblo cochabambino se adjudicaba una agridulce victoria. Esta costó una vida, pero la empresa de aguas volvió a ser municipal y el recurso volvió a ser público. Uno de los sectores sindicales que participó en la gesta fue el Sindicatos de Cocaleros. Evo Morales, un joven dirigente, empezó a erigirse como referente.

En el año 2003, se desarrolló otro suceso bisagra. Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente y Carlos Mesa su vice. En la década previa, se descubrió en Bolivia el segundo yacimiento más grande continental de gas. Sin embargo, para explotarlo y comercializarlo había que resolver tres cuestiones fundamentales. La primera, es que el grueso del pueblo boliviano tenía acceso nulo o deficiente a este recurso, lo que deslegitima su total exportación. La segunda, es que el método de exportación más eficiente era a través de un gasoducto a construir hacia el territorio chileno, a fin de exportarlo mediante el puerto de Mejillones. Esta dependencia del territorio e infraestructura chilena era rechazada por vastos sectores bolivianos a raíz de la histórica animosidad entre estas naciones resultante de la Guerra del Pacífico. La tercera, la cuestión de los beneficios económicos. En 2002, el último plan presentado por Gonzalo Sánchez de Lozada dejaba para el Estado boliviano sólo el 18% de las ganancias de exportación. El grueso se lo llevaban el consorcio de empresas que administraba, extraía y transportaba el gas. Ante el evidente rechazo popular a la propuesta, el ejecutivo ideó un plan represivo confidencial denominado “Plan República”. Este consistió en desplegar a las fuerzas armadas y de seguridad en los centros de distribución y explotación a fin de custodiarlos ante las inminentes manifestaciones, una vez que el convenio con el consorcio de empresas se hiciera público. Al darse a conocer el contrato y la inminente explotación y exportación de los recursos en la modalidad anteriormente indicada, una serie de protestas surgieron en variadas latitudes del territorio boliviano, en especial en El Alto. Muchas de ellas fueron organizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el MAS. La respuesta represiva del gobierno no tardó en llegar. Como consecuencia del brutal accionar, se produjo la “masacre de Octubre” que contabilizó 63 muertes en todo el territorio. Ante la escalada de violencia y la crisis institucional y representativa, el presidente Lozada renunció al cargo el 17 de dicho mes y partió al exilio. Asumió la presidencia el vice Carlos Mesa, quien dio marcha atrás con las medidas y continuó con el mandato presidencial hasta el 2005; cuando se produce el cambio de gobierno que hará historia en Bolivia. El MAS se convierte en el primer partido en ganar en primera vuelta, llegando al Gobierno con el 54% de los votos. 

Las movilizaciones acaecidas en la “Guerra del Agua” y en la “Guerra del Gas” habían fortalecido a los movimientos populares y a las organizaciones sociales, eso se ve en el resultado electoral del MAS. Su gobierno, como las demás gestiones populares-progresistas que fueron contemporáneos en nuestra región (en sus más variadas formas e intensidades), se presentó como reconstituyente de una dignidad que fue vendida y privada. Dichas gestiones fueron el resultado de la lucha y la conciencia política de los sectores sociales que estuvieron sometidos a la pobreza y a la abnegación, canalizando el hartazgo y la desesperanza en una organización social y en la militancia política.Sin embargo, recordemos a Jauretche: ganar derechos genera alegría, pero perder privilegios genera rencor. ¿Cómo respondieron los que perdieron privilegios en Bolivia durante el gobierno de Evo? Desde que él asumió el Ejecutivo, se hizo evidente que varios sectores sociales no estaban dispuestos a ver modificado el statu quo. ¿En qué se basaba este? Bolivia es un país administrativamente unitario, pero con muy marcadas diferencias regionales y demográficas. A saber, aproximadamente un 62% del total país está habitado por indígenas que, a su vez, pertenecen a varias comunidades étnicas que tienen una cultura propia y están situadas específicamente en distintos territorios bolivianos (aymaras y quechuas en el occidente montañoso, tupí-guaraníes en el oriente plano y pueblos amazónicos, guarayos, chimanos y mojeños en el norte, entre otros). El resto del país está compuesto por los autodenominados blancos y mestizos. Este segmento concentró históricamente el poder político y económico. A su vez, dicho sector oligárquico tiene sus disputas internas que se ven reflejadas en la variedad de partidos opositores al gobierno del MAS.

Las movilizaciones acaecidas en la “Guerra del Agua” y en la “Guerra del Gas” habían fortalecido a los movimientos populares y a las organizaciones sociales, eso se ve en el resultado electoral del MAS.

     Grosso modo, en occidente tenemos una histórica oligarquía ligada al poder político-institucional y, en oriente, otra oligarquía ligada a los negocios agroganaderos e hidrocarburíferos. Ambas poseen un fuerte componente liberal-conservador, cuyas diferencias internas serán importantes en relación con la creación de partidos políticos y de métodos de resistencia al gobierno de Evo. En occidente, residió generalmente el poder político nacional, una conquista facilitada por su ubicación situada en los departamentos más poblados y sedes de las instituciones gubernamentales nacionales. Este sector tuvo que hacer convivir sus privilegios siendo siempre una absoluta minoría en sus propios territorios. Sus departamentos correspondientes son: La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. El sector oriental fue bautizado como “Media Luna Fértil”; en él se ve menor presencia indígena y un sustento material en los negocios relacionados a la tenencia de tierras y, en menor medida, de los hidrocarburos. De este forman parte los departamentos de Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca (algunos excluyen este último por tener mayoría indígena) y Santa Cruz. Esta región fue la que protagonizó la crisis política que sufrió el gobierno boliviano en 2008 en torno a la discusión y aprobación de la reforma constitucional (que fue finalmente aprobada un año después). La crisis enfrentó al gobierno central y a los prefectos de los departamentos de la Media Luna; estos últimos, en virtud de que veían a la nueva constitución como una amenaza a sus privilegios (de recursos económicos, políticos, simbólicos y culturales; por ejemplo, la declaración del Estado Plurinacional y la instauración de la Wiphala como símbolo patrio), decidieron promover una consulta autonomista que no fue aprobada por el Poder Legislativo Nacional de Bolivia. Ante este conflicto, los prefectos incentivaron la desobediencia civil frente al gobierno central tomando rutas importantes y fuentes de hidrocarburos; simultáneamente, un sector de las fuerzas de seguridad localizadas en los departamentos díscolos emprendió maniobras fuertemente represivas contra las poblaciones que se movilizaron en apoyo a la reforma constitucional y en contra de proceso autonomista (ver Masacre de Porvenir). Rápidamente, la cuestión fue tratada por la entonces flamante UNASUR, que orientó el apoyo político e internacional necesario para deslegitimar el proceso de levantamiento y fortalecer el carácter institucional del gobierno del MAS.

Esta rebelión fracasada fue el preludio del golpe que sufrió Evo en 2019, el cual mencionamos al comienzo. En virtud de la comparación entre ambos sucesos, es decir, la crisis política del 2008 y la del 2019, surge el interrogante sobre cuán distinto podría haber sido el escenario en el 2019 con una UNASUR institucionalizada o con un conjunto de países sudamericanos no tan ridículamente alineados con Washington. Seguramente, habría sido menor la influencia infame que tuvo la OEA. Un apoyo explícito a los mecanismos constitucionales de un conjunto de países vecinos nucleados en un organismo regional, habría ahorrado al pueblo boliviano de la crisis político-económica que trajo consigo el interludio golpista. Es claro que para que la UNASUR exista y funcione como un escudo ante el avasallamiento anglosajón, es necesario que en la región se encuentre un eje político fortalecido y distinto al neoliberal-conservador; y que, por lo menos, tenga anhelos de desarrollo económico integral y autonomía política. Entonces, por medio de esos ejemplos del 2008 y del 2019, se deja expreso que la integración regional de las fuerzas progresistas es una condición indispensable, más no suficiente, para fortalecer los procesos populares de cada país (apelo al a vox populi para definir el término “progresistas”, dado que amerita una amplia discusión sobre sí mismo). Las gestiones de Alberto Fernández para garantizar la preservación de la vida de Evo Morales y Álvaro García Linera, y la posterior reticencia a reconocer a la “dictatriz” Áñez, son pasos firmes en la dirección que creemos necesarios para el desarrollo de todos nuestros pueblos. Del mismo modo que en Bolivia la Guerra del Agua y la Guerra del Gas tensaron las relaciones sociales de tal manera que posibilitó la emergencia de un nuevo movimiento social, gran parte de Sudamérica vivió un proceso similar de reorganización social en esos años (Argentina, Ecuador, Paraguay, Brasil, Venezuela). Dicho proceso permitió la (re)emergencia de movimientos sociales y políticos que llegaron a administrar el Estado; los cuales, a pesar de varios vicios y contradicciones de esos procesos (y de la diferencia de país a país), devolvieron a muchos de sus compatriotas parte de la dignidad perdida en “la larga noche neoliberal”.

Hoy se deben redoblar los esfuerzos para consolidar las recientes reconquistas de Argentina y Bolivia. Debemos estar atentos a las manifestaciones de hartazgo con capacidad disruptiva que la revancha neoliberal está sufriendo en Ecuador y Chile. Nunca debemos perder el cuidado, porque como pasó en Bolivia hace un año, los sectores que perdieron privilegios no cesan en sus embestidas y en su histórico cipayismo. Buscan desunirnos y, así, derrotarnos; siempre apoyados por el coloso del norte que añora ver nuestras naciones postradas y empobrecidas. Como sucedió en Argentina y en Bolivia, unidos y organizados podemos hacer que los recientes gobiernos neoliberales de nuestro continente sean tan sólo un triste paréntesis entre dos décadas ganadas; épocas de reconstrucción popular, nacional y regional. Después de tanto, nuestros pueblos se lo merecen.   

Después de tanto, nuestros pueblos se lo merecen.

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